Desde UNION PRO presentaron proyecto para restituir antigüedad a municipales

Los diputados provinciales por Unión Pro Ramiro Gutiérrez y Gonzalo Atanasof presentaron un proyecto de ley que busca restituir el 3 por ciento en concepto de antigüedad a los empleados municipales. La iniciativa también incluye la morigeración de las obligaciones y prohibiciones del personal municipal y la sanción de un escalafón propio en cada municipio con participación sindical.
Los diputados provinciales del bloque Unión PRO Ramiro Gutiérrez y Gonzalo Atanasof presentaron un proyecto de ley en la Cámara baja bonaerense que busca restituir el 3 por ciento en concepto de antigüedad a los empleados municipales, así como otros beneficios para el sector. La iniciativa fue consensuada con las autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Además de la restitución del porcentaje de antigüedad, el proyecto también incluye la morigeración de las obligaciones y prohibiciones del personal municipal, la sanción de un escalafón propio en cada municipio con participación sindical, busca eliminar restricciones a la carrera administrativa y permitir la recuperación de la estabilidad absoluta al empleado municipal. Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires consideraron la reforma de la ley 11.757 “de vital importancia para paliar los efectos negativos” que sufren en su carrera administrativa, y recordaron que “la sanción de esta norma en su momento significó un menoscabo de la autonomía municipal que soslayaron los derechos de los trabajadores municipales”. “Se pretende que cada municipio tenga su propia carta Constituyente, pues muchos de ellos afrontan realidades socioeconómicas distintas”, concluyeron desde la Federación

Unión Pro cuestionan al bruerismo por las pintadas políticas en la vía pública

Los referentes de Unión Pro en La Plata, el diputado provincial Gonzalo Atanasof y el concejal José Ramón Arteaga, solicitaran al oficialismo local que detenga las pintadas políticas indiscriminadas en la vía pública y que cumpla y haga cumplir lo fijado por la ordenanza 9880 en su articulo 157 inciso A en el que se reglamenta y explicita la publicidad prohibida en la vía pública.
“Las paredes de la ciudad, los frentes de las escuelas, los refugios de los colectivos, las luminarias, las obras en construcción, los fondos de un negocio y las rutas hacia la costa, se han transformado en el lugar elegido por el oficialismo de Bruera para dirimir las internas que tienen en su propio espacio”, dijo Gonzalo Atanasof al tiempo que reclamó: “no es posible que se defienda el espacio público en los discursos y que después se cometan semejantes actos de irresponsabilidad”.
Por su parte el concejal Arteaga señalo que “es fácil advertir a los responsables de las acciones, los nombres que se ven son los de los máximos referentes de este oficialismo y no hacen mas que traslucir la situación de inestabilidad política que atraviesa la gestión Bruera”.
Gonzalo Atanasof invitó al Ejecutivo comunal a instrumentar los mecanismos para evitar el uso sin control del espacio público de todos los platenses y recordó que “los ciudadanos están cansados de vivir en elecciones permanentes y que, sin duda, prefieren que el intendente, sus funcionarios y sus concejales se ocupen de resolver los graves problemas que afrontan la ciudad día a día y no que luchen por los espacios a ocupar en las elecciones del 2011”, sentenció.

Por último Arteaga recordó que la ordenanza 9880 establece claramente que “todas esas pintadas que vemos a diario, están prohibidas y que la norma fija además los espacios y los tiempos permitidos en relación a los mensajes políticos. “Solo deben hacerla cumplir y claro, cumplirla ellos también”, disparo el edil.

“Es imprescindible saber qué agua consumimos..."

El agua de los barrios de San Carlos y Los Hornos de La Plata tienen concentraciones de nitratos que exceden el límite fijado. UNION PRO local solicitó a las autoridades que informen sobre los datos que circulan en la prensa.

La Plata, martes 19 de enero de 2010. Según el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos de la UNLP (CIDCA), el servicio de agua de red de los barrios de San Carlos y Los Hornos con, tiene concentraciones de nitratos que exceden el límite fijado para el agua considerada potable.Los referentes de Unión Pro en la ciudad, -diputado provincial Gonzalo Atanasof y el concejal José Ramón Arteaga-, solicitaron informes en sus respectivos ámbitos legislativos, para datos precisos sobre la presencia estos nitratos superiores a los permitidos en la red de agua potable de la región. Por otra parte, ambos legisladores requirieron a las autoridades pertinentes que den a conocer ¿cuáles serán las medidas que se tomarán con la población en riesgo, si la información es confirmada?De acuerdo al estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos de la UNLP (CIDCA) en casas de los barrios de San Carlos y Los Hornos con servicio de agua de red, se concluyó que " las concentraciones de nitratos que presenta exceden el límite fijado para el agua considerada potable, no presentando por lo tanto valores cien por ciento seguros para el consumo por parte de embarazadas y lactantes. Esos niveles resultan superiores a los 45 mg/l que establece el Código Alimentario y a los 50 mg/l que fija la ley provincial 11.820, al determinar los parámetros del agua apta para el consumo. Así, sin ser alertados, los vecinos de esos barrios reciben un servicio deficiente en cuanto a la presencia de ese compuesto químico en el agua".En los fundamentos, los pedidos solicitan:- A la empresa prestataria (ABSA) que constate y certifique los valores obtenidos por la UNLP y que, a la vez, presente un detallado informe de los valores en los diferentes puntos que involucran la prestación de la red de agua potable en la región. - Al órgano de control provincial (OCABA) que detalle y remita los controles realizados en los diferentes pozos con fecha y lugares exactos y que los mismos sean acompañados con firma del profesional responsable.- A la Municipalidad de La Plata y a ABSA que informen cuáles serán las medidas que se adoptarán en caso de confirmar la información para proteger a los grupos en riesgo y cuáles serán las políticas que se implementarán en lugares sensibles tales como escuelas, hospitales, comedores y centros de salud.- Al gobierno provincial, que informe sobre obras previstas, el estado de las mismas, el proceso de finalización y plan desarrollado en la región y que explicite por qué razón la información no fue comunicada a la población de manera correcta para evitar posibles consecuencias en la salud de los usuarios del servicio prestado. (Portal Contacto Político)

La oposición pidió juicio político contra Aníbal Fernández y reclamó que el Congreso trate la crisis en el Banco Central

La oposición presentó un pedido de juicio político contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y volvió a pedir que el Congreso trate la crisis en el Banco Central.
El proyecto propone enjuiciar al funcionario por "afectar el principio de independencia del Poder Judicial", tras desobedecer el fallo de un juez. El proyecto que pretende remover a Fernández fue acompañado por la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y UniónPro.
Además, el documento firmado por estos partidos indica que se autoconvocarán si el Ejecutivo no convoca a una sesión especial para que el Congreso trate la crisis en el BCRA. En un guiño hacia las fuerzas de centro izquierda, Carrió advirtió que no se oponen a la conformación de una comisión que investigue la legalidad de la deuda.
Acusación. En ese sentido, Pinedo fundamentó la iniciativa en "lo increíble es que Aníbal Fernández le diera instrucciones a la policía para que no cumpliera las órdenes de la Justicia, alegando que eran inconstitucionales los fallos".
El pedido de juicio político es por la intervención -presuntamente ilegal- de Aníbal Fernández en dos casos judiciales que tuvieron alta trascendencia política: la pelea en el gremio de los aeronavegantes y el conflicto por los decretos presidenciales que ordenaron el uso de reservas para pagar deuda pública y removieron al titular del Banco Central, Martín Redrado; dos decretos que la jueza María José Sarmiento dispuso dejar sin efecto.
En el primer caso, Fernández ordenó que la policía incumpliera el fallo de un juez que había dispuesto un desalojo. El jefe de Gabinete dijo que había decidido desobedecer la orden por inconstitucional.
En el segundo, lo acusan de haber ordenado apostar un patrullero frente al domicilio particular de Sarmiento, algo que ella no había pedido, como un gesto de intimidación. Ese día un subcomisario tocó timbre en la casa de la jueza y le dijo que el jefe de Gabinete y la presidenta Cristina Kirchner le mandaban la apelación.
Está claro que el pedido de los diputados de la oposición no se hará efectivo porque necesitan una mayoría especial, que no tienen, pero es toda una señal política. (La Nación)